Preguntas Frecuentes

Un integrante de ECOJUSTICIA la revisa y evalúa si corresponde intervenir, derivarla a la autoridad competente o desestimarla, según nuestros fines estatutarios y capacidad operativa en ese momento. Te vamos a responder, pero el envío del formulario no equivale a que la asociación ya asumió tu caso.

No. El formulario no tiene efecto ante ninguna autoridad administrativa o judicial, y no suspende ni interrumpe plazos legales, procesales o administrativos de ningún tipo. Si tu situación tiene un plazo perentorio o requiere una medida urgente, no esperes nuestra respuesta: recurrí directamente a la autoridad competente o a un profesional habilitado.

No automáticamente. La respuesta a tu consulta no genera por sí sola una relación de patrocinio letrado ni un compromiso de intervención por parte de ECOJUSTICIA. Si el caso amerita acompañamiento jurídico, te lo vamos a proponer expresamente.

No. Los formularios disponibles en el sitio son voluntarios y gratuitos.

Se usan únicamente para gestionar tu consulta y, si corresponde, para el cumplimiento de los fines estatutarios de la asociación. No los publicamos ni los cedemos a terceros ajenos a esa gestión sin tu consentimiento expreso, salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente. Podés ejercer tus derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión según lo previsto en nuestro Aviso Legal.

Sí. En esos casos extremamos los recaudos de confidencialidad y limitamos el tratamiento de la información a lo estrictamente necesario para atender la situación.

No. Tiene un carácter informativo, educativo y de divulgación, y no constituye asesoramiento legal, técnico o profesional particularizado. Ante un caso concreto de daño ambiental, recomendamos acudir a las autoridades competentes o consultar con un profesional habilitado.

Podés escribirnos para sumarte como socio, ofrecer tiempo profesional, o simplemente para hacernos llegar información sobre una situación ambiental de tu zona.

Podés denunciarlo de inmediato ante bomberos y el organismo provincial de fiscalización ambiental, y también contarnos la situación a nosotros para su seguimiento. La quema de pastizales sin autorización está prohibida y expone a sanciones bajo la Ley 11.717.

Es el estudio previo obligatorio que exige la Ley General del Ambiente antes de autorizar una obra o actividad con potencial impacto significativo. El público tiene derecho a acceder al expediente y a expresarse en la audiencia pública correspondiente antes de que se apruebe.

Constituye una infracción a la normativa de presupuestos mínimos y habilita tanto el reclamo administrativo ante la autoridad de aplicación como, eventualmente, una acción judicial para frenar la actividad.

A nivel provincial rigen la Ley 11.717 de Medio Ambiente y la Ley 12.175 de Áreas Naturales Protegidas, que alcanzan a los humedales dentro de áreas protegidas o sujetas a evaluación de impacto. A falta de ley nacional específica, el principio precautorio de la Ley General del Ambiente sigue siendo exigible igual.

Sí. Existen restricciones de distancia y condiciones de aplicación fijadas por ordenanzas municipales y normativa provincial, y su incumplimiento es denunciable ante el municipio y la autoridad ambiental provincial.

Son derechos que no pertenecen a una persona en particular sino a la comunidad en su conjunto, como el ambiente sano. La Ley 10.000 de Santa Fe habilita a cualquier vecino o asociación, sin necesidad de ser el damnificado directo, a reclamar judicialmente por ellos.

Es quien defiende públicamente el territorio o el ambiente frente a un proyecto o actividad que lo amenaza. El Acuerdo de Escazú, ratificado por la Ley 27.566, obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y libre de represalias para esa tarea, y a investigar las amenazas o ataques que reciban.

Sí. El acceso a la información ambiental es un derecho de cualquier persona, no solo de quien resulta directamente afectado, y su negativa injustificada es reclamable judicialmente.